El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, ha sido durante mucho tiempo una sociedad agraria marcada por profundas desigualdades sociales. Durante el período colonial, formó parte del dominio español en la región. En esa época, se estableció una economía de plantación basada en el añil, que dependía del trabajo forzado de la población indígena. La tierra y la riqueza quedaron concentradas en manos de unos pocos.
En 1821, El Salvador obtuvo su independencia de España junto con otras provincias centroamericanas y, tras una breve unión regional, se convirtió en república en 1841. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la economía se volvió cada vez más dependiente del cultivo del café, controlado por una élite terrateniente conocida como las "catorce familias". Esta oligarquía concentró tanto la tierra como el poder, mientras la mayoría de campesinos vivía en la pobreza, lo que alimentó tensiones sociales. En 1932, una rebelión campesina liderada por Farabundo Martí fue brutalmente reprimida por la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, resultando en una masacre conocida como "La Matanza", que dejó decenas de miles de muertos. Este evento marcó el inicio de una larga era de regímenes militares en El Salvador.
Desde 1931 hasta 1979, el país fue gobernado casi ininterrumpidamente por dictaduras militares que mantuvieron el orden mediante la fuerza y alianzas con la élite cafetalera. Aunque algunos gobiernos impulsaron cierta industrialización a mediados del siglo XX, la prosperidad no se distribuyó equitativamente, y la falta de apertura política mantuvo viva la inconformidad.
A finales de los años 60 y durante la década de 1970, la presión popular por cambios se intensificó. Movimientos de maestros, estudiantes, campesinos y obreros exigieron reformas sociales. Entre ellos destacó el sindicato magisterial ANDES 21 de Junio, fundado en 1965 tras una protesta nacional de docentes. El régimen respondió a estas demandas con retórica anticomunista y represión. Se crearon fuerzas de seguridad y escuadrones paramilitares para silenciar la disidencia, y muchos líderes sociales fueron encarcelados o asesinados bajo acusaciones de subversión.
Mientras tanto, las vías políticas pacíficas se cerraban. Las elecciones eran manipuladas por quienes detentaban el poder; en 1972 y 1977, la oposición estuvo cerca de ganar la presidencia, pero el fraude electoral impidió cualquier cambio, y las protestas fueron reprimidas violentamente. Estos hechos llevaron a muchos a creer que la lucha armada era la única opción que quedaba. Grupos armados opositores comenzaron a surgir en la década de 1970, inspirados por la injusticia social. Con el tiempo, estas agrupaciones se consolidaron, mientras el gobierno se militarizó aún más y escaló la confrontación.
La crisis alcanzó un punto crítico en octubre de 1979, cuando oficiales reformistas llevaron a cabo un golpe de Estado que derrocó al general Carlos Humberto Romero. Se instaló una junta cívico-militar que prometió reformas para calmar la violencia. Sin embargo, el conflicto solo se profundizó. En 1980, las principales organizaciones guerrilleras se unieron bajo el nombre del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formando una única insurgencia. Paralelamente, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero se había convertido en la voz más prominente del país denunciando la represión. Su asesinato el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa, conmocionó a la nación y marcó un punto de inflexión, acelerando el camino hacia la guerra civil.
A partir de 1980, El Salvador se sumergió en una brutal guerra civil que duró doce años. El gobierno, liderado por militares y respaldado por Estados Unidos, se enfrentó al FMLN en un conflicto de alta intensidad que se extendió por todo el territorio. La guerra dejó alrededor de 75,000 muertos, miles de desaparecidos y una masiva ola de refugiados. La población civil sufrió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres como la de El Mozote en 1981. El terror se volvió parte de la vida cotidiana, alimentado por los escuadrones de la muerte y los combates abiertos. Ningún bando logró la victoria, y con el tiempo ambos reconocieron que la guerra no podía resolverse militarmente.
A finales de los años 80, bajo creciente presión internacional, comenzaron las negociaciones de paz. Con la mediación de las Naciones Unidas, el gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz en enero de 1992, poniendo fin oficialmente al conflicto armado. El FMLN depuso las armas y se convirtió en un partido político. El Estado implementó reformas para democratizar el país, reduciendo el tamaño del ejército, disolviendo fuerzas represivas y creando una nueva policía civil. Estos acuerdos marcaron el inicio de una nueva era, abriendo el camino hacia la reconciliación nacional y la integración política de antiguos adversarios.
